Denuncia el legislador de Copei Américo Sulbarán

Eduardo Rondón

Edurondon@yahoo.com

Hasta la fecha no ha sido posible que la Tesorería General del estado emita al Consejo Legislativo del estado Mérida la cifra de los miles de millones de bolívares que la Gobernación de Mérida tiene congelados en las cuentas de los bancos intervenidos por el Gobierno nacional, lo que ha causado un grave daño al patrimonio público del estado, porque esos recursos estaban destinados para obras que no se han iniciado y hoy su valor se ha duplicado por el efecto de la inflación y la devaluación de la moneda.

Así lo denuncia el legislador copeyano Américo Sulbarán, al señalar que los dos legisladores de la oposición en el Consejo Legislativo del estado Mérida plantearon en la sesión ordinaria de hace una semana la necesidad que se cumpla con lo establecido en la Constitución del estado y en la Ley del Consejo Legislativo, puntualmente, sobre la obligación que tiene el Gobernador de presentar su informe anual a la consideración del Consejo Legislativo del estado, al igual que a la Contraloría general del estado.

“Como todos sabemos, ese lapso ya está vencido, porque se habla de los 30 primeros días del inicio del período de sesiones ordinarias, y yo justamente hice el planteamiento el martes pasado, porque estamos en mora tanto el Consejo Legislativo como el Gobernador en cuanto a la presentación del informe”, manifestó el legislador.

Recordó el parlamentario de la tolda verde que el año pasado en el mes de septiembre él hizo un planteamiento en este Consejo Legislativo sobre la ejecución presupuestaria y financiera del presupuesto 2009. “Allí señalé que escasamente se había ejecutado un 10 por ciento en obras públicas, y efectivamente eso se pudo corroborar en la medida que fuimos a los municipios, y fuimos a las parroquias y vimos que en el plan de obras no hubo ejecución ni presupuestaria ni financiera, o sea, no se hicieron las obras públicas que estaban previstas en el plan de obras del estado tanto con recursos del Situado Constitucional como por recursos de LAEE y Fides”.

Comentó Américo Sulbarán que hubo la crisis del sector bancario, donde muchos de esos recursos del Gobierno regional quedaron represados. “Aquí se presentó y se hizo la solicitud que la Tesorería del estado informara cuántos recursos del estado habían quedado represados en esos bancos intervenidos y hasta la fecha de hoy esa información no ha sido enviada al Consejo Legislativo, desconocemos el monto de los recursos, pero sabemos que es muy cuantiosa, a la vista está que todas esas obras no se han comenzado a hacer y estaban ahí esos recursos represados ganando intereses”.

Destacó que como los bancos fueron intervenidos y esos recursos están congelados en esos bancos, “el responsable de que esos 200 mil millones estén represados en los bancos es el Gobernador del estado, porque él es el cuentadante de los recursos del estado, él debe informar porque se está causando un grave daño al patrimonio público sólo por el hecho que esos recursos hayan quedado sin ejecutarse en los lapsos previstos, pero, además de ello, el otro elemento importante es que las obras que el año pasado no se ejecutaron prácticamente se duplicaron en su costo, por ese proceso inflacionario y por la devaluación, de tal manera que ése es un daño al patrimonio de la República inmenso que se va a cuantificar en su momento”.

Al preguntarle al legislador Américo Sulbarán si hay sanciones previstas en la Ley para el gobernador Marcos Díaz Orellana por esta situación, respondió: “Esas sanciones están establecidas en la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, él en su momento tendrá que justificar, justamente eso tiene que contenerse en el informe anual, por eso estamos esperando la entrega del informe”.

Finalmente, señaló Américo Sulbarán que si un gobernador o alcalde de la oposición estuviera en esta situación ya el Gobierno nacional hubiese inhabilitado a ese gobernador o alcalde de la oposición, pero en este caso como es un gobernador de ellos el que violenta le Ley, en la Constitución para él no hay castigo, aún cuando existen suficientes elementos para pedir su inhabilitación y su destitución.